La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló en un informe de fin de año que revela que desde el 26 de septiembre de 2016, cuando se firmó en La Habana (Cuba) el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y lo que eran las llamadas FARC, han sido asesinados en el país 326 excombatientes de esa guerrilla.

Igualmente dio a conocer que 1.026 defensores de derechos humanos han muertos de manera violenta en el mismo periodo.

El informe advirtió que estas tasas de homicidio aumentaron en medio de una lucha por el “control territorial” de los nuevos grupos criminales que llegaron a copar las zonas dejadas por la subversión.

Por tanto, la JEP anunció el lanzamiento de un Monitoreo Unificado de Riesgos, con el cual los tres órganos del Sistema Transicional alertarán a la sociedad, así como autoridades, de posibles riesgos a la vida de los excombatientes.

Este mecanismo se enfocará con especial atención en 107 municipios que la JEP ha considerado críticos, y en los que avanzan los planes de búsqueda de desaparecidos que adelanta la Unidad.